Lo público
La Fiscalía investiga peculado en la Prefectura del Guayas por pagos sin servicio en campañas de 2015-2016, según informe de la Contraloría.
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Fiscalía 6 investiga supuestos USD 600 mil en contratos de Inverguayas (2015-2016) por presuntos sobreprecios y entregas inexistentes en campañas de turismo.
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La CCENG del Guayas reanuda elecciones para el 9 de diciembre tras fallo judicial que ordenó depurar el padrón y corregir irregularidades en el proceso electoral previo.
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La Corte del Guayas levantó el arresto domiciliario de Jacobo Bucaram el 10 de noviembre de 2021, mientras el Consejo de la Judicatura investiga las anomalías del sorteo judicial que originó el hábeas corpus.
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Alcaldes del Guayas aprobaron un exhorto al Gobierno nacional que pide más policías, reforma del COIP y tecnología en peajes para combatir la violencia.
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La Fiscalía del Guayas cerró la investigación por falsedad de información contra siete personas vinculadas al caso Isspol, incluyendo expresidentes de la BVG.
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El Tribunal Penal de Guayas ratificó la inocencia del exministro Alfredo Adum al aceptar el desistimiento fiscal por falta de pruebas sobre fraude procesal, ordenando levantar sus medidas cautelares.
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La Contraloría informó el 22 de septiembre de 2021 que proveedores de la Prefectura del Guayas falsificaron experiencia y usaron datos de terceros durante la gestión de Jimmy Jairala.
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El 14 de sept. de 2021, el Gobierno confirmó la salida de Mae Montaño del MIES y aceptó la renuncia de Vicente Taiano como gobernador del Guayas, tras declaraciones sobre una reunión tensa con Lasso.
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Pachakutik expulsó a Pedro Ramón Mendoza en Guayas y suspendió a Sonia Robles en Manabí por denuncias de irregularidades; se convocan nuevas elecciones provinciales.
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María Josefa Coronel asume como directora del CJ Guayas el 9 de sept. 2021; su gestión busca independencia judicial y transparencia en sorteos.
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La prefecta del Azuay, Cecilia Méndez, anunció el 30 de agosto de 2021 que buscará una consulta popular para revisar los límites provinciales con Guayas en Molleturo, alegando descontento social y falta de participación ciudadana en el acuerdo de 2015.